Los últimos presupuestos del PP: Arbitrarios, injustos...y católicos

Se decía en este mismo blog hace pocos días que los presupuestos del PP, que presentó el Gobierno el pasado día 26 a grandes brochazos, eran irreales y electoralistas, al tiempo que se planteaba qué otros peros podrían ponérsele a las cuentas del Estado elaboradas por el PP en cuanto a recortes, arbitrariedades o injusticias. Hoy se han conocido partida por partida y se confirma la impresión de que los PGE de 2015 están hechos de espaldas a las necesidades de los ciudadanos, y a la medida de sus inclinaciones ideológicas y religiosas. 

A la hora de restringir gastos el Ejecutivo de Raxoi opta por partidas que afectan directamente a la ciudadanía: Las pensiones crecerán únicamente el 0.25%, y, dado que la subida de la luz alcanza a partir de este mes un incremento del 11%, los pensionistas verán notablemente mermado su poder adquisitivo. Hay recortes también en partidas como las de  política de vivienda, que cae un 26%, 587.1 millones menos. En el  gasto en prestaciones por desempleo, una de las grandes partidas de los Presupuestos, el año próximo sufrirá un recorte de 25.300 millones, un 15% menos de que lo se destinó en 2014. 

Los presupuestos para 2015 recogen una consolidación de la red básica de servicios sociales, aunque la asignación, de 31,83 millones de euros, es inferior a la de 2014, que alcanzó los 32,01 millones de euros. La ciencia también sufre recortes: el Instituto de Salud Carlos III registrará una merma del 4,5% en los presupuestos de 2015. Sus fondos bajarán de 286 a 273 millones de euros, de manera que su presupuesto actual es menor que el del año 2013 cuando dispuso de 279,9 millones. Además, el Gobierno mantiene a la ciencia ajena a las pequeñas subidas que ha ido aplicando para 2015. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya se haya al borde de la quiebra, perderá tres millones de euros al pasar de 602 a 599 millones de euros. Es una caída de 0,4%.

Educación es otra de las áreas con las que se ensaña los PGE del PP, porque si bien mantiene las mismas partidas para becas, elimina todos los programas de apoyo a estudiantes desfavorecidos y aquellos que necesitan de la 'educación compensatoria', destinada a alumnos en "desventaja social", al bajar la dotación un 90%. Otra partida que sufre recortes son  las becas Erasmus, uno de los programas más exitosos de la Unión Europea para movilidad de universitarios y estudiantes de Formación Profesional de grado superior, que será de 37 millones. Es el mismo dinero que en 2014 se destinó solo al programa Erasmus+, que incluía programas como el plan Séneca de intercambio dentro de las universidades españolas. Bruselas alertó la semana pasada a los Estados miembros de que el programa Erasmus se estaba poniendo en riesgo por los recortes en el presupuesto europeo. El comisario de Presupuestos, Jacek Dominik,  pidió 4.700 millones más para las becas y para I+D+i. No cuantificó las cantidades que debía aportar cada país, aunque España, según reflejan las cuentas de 2015, no piensa añadir un euro más.

La Dependencia y la atención a enfermos sufren una reducción de 3,87 millones. Y Sanidad se enroca en su programa de recortes, sin aumentar un solo euro sus ya mermadas partidas presupuestarias. Tampoco aumenta el plan de mejora de la justicia gratuita, Hacienda designa para 2015 34,9 millones de euros lo que supone 400.000 euros más, tan solo un 1,1% en el gasto que el Estado dedica a garantizar el acceso a los tribunales de personas con bajos recursos. 

Mas existen partidas en las que no se registran reducciones, por ejemplo, el Ministerio de Defensa manejará un presupuesto de 6.735 millones de euros en 2015, 52 millones más que en las cuentas públicas de este año. 

Aunque si hay una partida que supone una verdadera falta de respeto a la Constitución, que proclama la aconfesionalidad del Estado, es la que el PP destina a la secta católica, que recibirá un total de 13.266.216,12 de euros al mes durante 2015, lo que supone cerca de 159.000 millones de euros para el próximo año, como anticipo del dinero que, previsiblemente, se le entregará a petición de los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia del IRPF por la que se otorgan el 0,7% a la institución, según figura en una disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno hace uso de un tramposo sofisma cuando dice que el dinero que se concede a la Iglesia es el que destinan los fieles de esa confesión. Lo harán, pero es un dinero que se detrae irracionalmente de las arcas públicas para destinarlo al capricho de quienes destinan el dinero de los presupuestos a su albedrío, asunto inusual en cualquier otra partida. El resto de ciudadanos que no profesan esa fe no pueden elegir a qué hay que dedicar el dinero que recauda el Estado, lógicamente. A esa elevada cifra hay que sumar la que no ingresa el Erario a causa de las exenciones impositivas de las que goza la secta vaticana. 

Ciento cincuenta y nueve mil millones de euros darían para muchas prestaciones por desempleo, para mucha Educación Pública y para la sanidad que se niega a los inmigrantes. Como lo harían los 6.000 millones que el Ejecutivo perdonará en impuestos a las grandes empresas, en virtud de no se sabe qué privilegio. 

Este Gobierno actúa como los nazionalcatólicos que son, y prefiere desasistir a los ciudadanos para regalar el dinero de todos a la secta católica o la compra de armamento. Es la misma arbitrariedad que emplea a la hora de destinar fondos a las Comunidades Autónomas, a las que concede más o menos presupuesto según estén gobernadas por el PP o por otras formaciones. Así, a Andalucía no llegará ni el porcentaje que su propio Estatuto marca, y Catalunya registra una importante reducción en la partida que los PGE destinan a las autonomías. Sin embargo, Baleares, Murcia y La Rioja, todas del PP, serán las que el Gobierno más aumente sus inversiones.

Así pues son unos PGE irreales, electoralistas, injustos, arbitrarios, hechos de espaldas a las necesidades de los ciudadanos y a la medida de sus amigos. Presupuestos del PP… esperemos que sean los últimos.

La celeridad del Constitucional, la legitimidad de las instituciones y los derechos de los catalanes.

Nunca en la historia de esta reciente pseudodemocracia el Tribunal Constitucional había admitido a trámite un recurso con la celeridad como lo ha hecho con el recurso interpuesto por el Gobierno del PP contra la ley de consultas y el referéndum convocado en Catalunya por Artur Mas, President de la Generalitat. El recurso fue presentado por la mañana por la Abogacía General del Estado, y simultáneamente el Presidente del Gobierno, Mariano Raxoi, hacía una declaración institucional en la que invocó la democracia y el cumplimiento de la legalidad, con frases como: ‘si no se cumple la ley no hay democracia’ que bien podía significar algo parecido a ‘si no se cumple la ley se está fuera del régimen’, de connotaciones antañonas. Todo para impedir el derecho democrático de los catalanes a pronunciarse sobre si quieren o no pertenecer al Estado Español. 

El Tribunal Constitucional explicó la rapidez de la admisión de los recursos –que suspenden la convocatoria del referéndum- en razón a la ‘importancia del recurso y su trascendencia constitucional y política’. Dos horas le bastaron a los sesudos varones del TC en admitir a trámite el presentado por un Gobierno al que no todos reconocen legitimidad democrática, como los convocantes del referéndum, aunque no solo ellos, si se tiene en cuenta que el actual Gobierno accedió al poder haciendo uso ilegitimo de dinero negro en su campaña electoral –como viene haciendo desde hace veinte años- y con un programa falso con el que subyugó a un electorado ingenuo que creyó las falacias programáticas que los populares sabían que no iban a cumplir. 

Para otros muchos tampoco el Tribunal Constitucional tiene legitimidad, o al menos capacidad para que los Magistrados sean considerados imparciales, toda vez que el presidente, Pérez de los Cobos, fue asesor y militante del PP antes de acceder al cargo y el resto de magistrados son mayoritariamente designados por el PP, en una de las peculiaridades de un país donde los jueces, y no solo los del Constitucional, suelen, en materia política, ser jueces y parte de un entramado institucional que lleva años propinando patadas a la tumba de Montesquieu. 

El presidente del Gobierno invocando esa legalidad, sin la que aseguró, no hay democracia, estaba pronunciando un sofisma, dado que existen leyes en regímenes supuestamente democráticos que son un atentado a la democracia. Él debiera saberlo, pues ha sido su Gobierno el que, entre otras, pretende aprobar leyes como la de Seguridad Ciudadana que son un verdadero ataque a la democracia. 

Desde la imparcialidad y el desapasionamiento cuesta mucho entender las razones del españolismo centralista y aquellas por las que se quiere impedir que los catalanes se pronuncien sobre si quieren o no independencia, toda vez que, además, es muy posible que la mayoría votase que no quería una escisión. A lo que aspiran los catalanes es a un respeto a su identidad que desde el centralismo españolista reaccionario no existió nunca, pero que desde que gobierna el PP, se ha acentuado de una manera ofensiva y muy torpe. Basta recordar las desafortunadas palabras del ministro de Educación, Wert, proclamando que su intención, con esa nefasta ley educativa que hizo, era ‘españolizar a los niños catalanes’. 

Con la suspensión de la convocatoria del referéndum por parte del TC se enconan aún más las posiciones de ambas partes en un conflicto que nunca debería haber existido si los llamados ‘padres de la patria’, aquellos que redactaron la Constitución del 78, hubieran sido más racionales y menos cobardes, y hubieran articulado un sistema federal y la posibilidad de que cada federación, estado o cantón, pudiese celebrar los referéndum que tuviesen a bien convocar sus ciudadanos. 

En la nada bolchevique Suiza -patria económica de muchos centralistas españolistas furibundos, allí donde esconden su dinero los ‘patriotas’ españolistas para no pagar impuestos-, se celebran referéndum con frecuencia, cantonales o estatales, sin que el país se rompa en añicos y sin que se produzcan los grandes males con los que quiere asustar la derecha de este país cuando se habla de una racionalización de la organización regional o de nacionalidades dentro del Estado español.

La torpe postura del Gobierno de Raxoi, su españolismo impuesto por la fuerza, de momento, de la ley; las veladas amenazas contra Mas, que pueden poner en pie a muchos catalanes, que seguramente no votarán jamás a Convergencia, y que, incluso, no votarían sí a la independencia, podría haberse evitado si se hubiese asumido una modificación constitucional. 

Carecen de argumentos quienes se niegan a esos cambios constitucionales, que votaron con toda prisa la modificación del artículo 135 para obedecer las pretensiones de Merkel para que se pusieran por delante los intereses de sus bancos antes que los de los españoles. 

Debe resultar sumamente irritante para los catalanes ver que se les niega su derecho a pronunciarse porque así lo impone una Constitución inamovible que les niega el democrático derecho a exponer su posición, cuando hace muy pocos años el partido que se plegó a una modificación constitucional en 24 horas, esgrime que esa misma Constitución no puede cambiarse. 

La admisión a trámite por parte del TC del recurso del PP contra la ley de consultas y la convocatoria del referéndum supone un agravio más que los catalanes pueden añadir a la larga lista de los que vienen sufriendo desde 1714. Y siempre por la misma torpeza política de un centralismo cerril y reaccionario que, de no poner mucha inteligencia y ductilidad en los próximos meses, puede enconar la situación hasta extremos indeseables. 

Europa tiene que saber que en España se hacen leyes para disparar legalmente contra perros y gatos.

El Gobierno de Castilla La-Mancha, a cuyo frente está la impresentable Dolores Cospedal, aprobó hace unos días un anteproyecto de Ley de Caza que consagra la total permisibilidad de todo tipo de atrocidades contra los animales, como el permiso para disparar contra perros y gatos sueltos. De ese modo los crueles cazadores de una de las regiones de este brutal país donde más galgos se abandonan podrán disparar contra ellos con total impunidad. Es una de las peculiaridades de una ley que permitirá matar a lanzazos a animales. Un cazador podrá prohibir ir andando por el campo, en bici, con niños, o tu perro. Un niño de 14 años podrá llevar un arma. A la gente que pasee tranquilamente por el campo, si perturba la impunidad de los cazadores que podrán disponer de los espacios naturales para poder llevar a cabo todas sus salvajadas con total impunidad se la multará, y a los que se permite prácticas prohibidas en cualquier legislación civilizada, como la caza con trampas se les garantiza el derecho a cometer toda clase de tropelías. 

Mientras en otros países europeos, como Francia, se concede a los animales derechos jurídicos y se les reconoce sensibilidad, en la atroz España profunda, unos gobernantes corruptos y sin ética, ceden a los deseos de lobby de cazadores, incumpliendo cualquier norma civilizada, y llevando la legislación a tiempos medievales. En tanto en Inglaterra se acabó, sin protestas ni motines, contra la horrible caza del zorro, sin que hubiese motines ni la economía se hundiese, en este bochornoso país se razona que esas atrocidades reportan actividad económica. Torticero argumento que podría esgrimir traficantes de drogas, tratantes de seres humanos o paidófilos. 

No se entiende que la civilizada Europa no intervenga en estos asuntos y no ponga coto a tanta crueldad y tanta desmesura, y manifieste que esos asuntos, como la tortura del Toro de la Vega, la salvaje masacre de cachorritos en Algemesí y un largo etcétera de crueldades que se producen en este país con motivo de fiestas religiosas, son ‘una cuestión de la legislación interna’, cuando, incluso, contraviene la legislación europea cuando, al contrario de proteger al lobo, como se hace en Europa gobiernos autonómicos del PP, o del PSOE, autorizan su masacre, dando muerte, incluso, como hicieron en Asturias, a cachorritos de cuatro meses. 

Los redactores de esa infame ley, que ha sacado a periodo de alegaciones el Gobierno de Cospedal, seguramente son los cazadores de medios rurales, esos infames individuos exponentes de la España profunda que igual disparan contra el perro que no caza a su gusto, matan a su mujer si no los obedece o al vecino por un asunto de lindes. 

Son los pobladores de esa España profunda que, por mucho que creamos periclitada,  sobrevive en miles de pueblos donde la incuria permanece instalada al lado de la crueldad.  Son los pobladores de ese país de cafres cuyos habitantes embisten cuando se dignan usar de la cabeza y se sienten realizados asesinando animales porque, sin duda, tienen graves problemas psicológicos y educativos que ningún gobernante hizo nunca nada por remediar. 

Los eurodiputados de Podemos tienen que plantear este asunto urgentemente en el Parlamento europeo por una mera cuestión de dignidad y ética, no se puede seguir tolerando no solo la crueldad contra los animales, la impunidad que conceden a los maltratadores jueces y gobernantes, sino la vergüenza que representa pertenecer a un país donde un parte de sus pobladores son sádicos incontrolados. 

Y no se puede tolerar que Europa permanezca ajena a estas ignominias sin intervenir y cortar de raíz el sadismo de unos gobernantes que empiezan autorizando que se dispare a perros y gatos y mañana encontrarán lógico, al paso que llevan, que se instauren piras en las plazas públicas para quemar vivos a quienes no piensen como ellos.

Los presupuestos de la mentira en año electoral.

El PP, maestro en falacias, ha presentado a grandes brochazos unos presupuestos para 2015 que son pura entelequia, una serie de supuestos irreales para encandilar a un posible electorado que, seguramente, no se dejará impresionar tan fácilmente como lo hizo en 2012. Porque las previsiones del Ejecutivo muestran un futuro económico un tanto irreal que la tozuda actualidad desmiente. ¿Con qué pretende ilusionar un Gobierno que asegura que baja el paro, cuando los trabajadores lo sufren cada día y saben que no bajará, por mucho que el Ejecutivo asegure que creará empleo público, después de estar años desmantelando todos los servicios?

Solo en 2013, el Gobierno destruyó 120.000 puestos docentes en la Enseñanza Pública y 117.000 correspondientes a funcionarios de la SS, Justicia, Hacienda o Administraciones Públicas. Y es evidente que no devolverán esos puestos de trabajo a la ciudadanía. Será un parche más, de los que el Gobierno tiene acostumbrado a la población, que cada vez se deja engañar menos. Difícilmente lo hará con los funcionarios a los que tiene previsto castigar con una ampliación de jornada laboral, la eliminación de otra paga extra o la reducción de un 10% en el pago de los complementos a los profesores.

Contradictorio en sus previsiones, por una parte anuncia contención del gasto, al tiempo que asegura que creará empleo público; sabe que dejará de ingresar muchos millones a causa de una reforma fiscal que solo beneficiará a las grandes fortunas, pero asegura que cumplirá con creces el Déficit impuesto por la Troika, haciendo uso de la reforma legal que le permite contar como parte del PIB la prostitución o el tráfico de drogas, una falacia contable que no supondrá una mejora real de la economía.

Falaz, como tiene por costumbre, asegura que las pensiones subirán ‘al menos el 0.25%’, lo que supondrá una bajada real, porque lo que no ha explicado es que entre sus planes de lo que llaman ‘ajustes’, y no son sino recortes, tiene previsto -para complacer a Bruselas, que indicó al Gobierno que tendría que seguir aumentando “la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria”- numerosos recortes que afectarán a jubilados y enfermos. Obediente a las consignas de Bruselas y de Fürheresa Merkel, el Gobierno tiene previsto aumentar el copago sanitario, imponiendo penalizaciones por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, copago por asistencia a consulta médica y urgencias, por interrupciones del embarazo, el pago de lo que califica como una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”.

Es decir, el euro por receta que el Gobierno rechazó en Cataluña y Madrid, ahora lo va a implantar en toda España. También aplicará una medida que ya anunció en su día la Ministra Mato, aunque no se aplicó en todos los casos, pero que el Gobierno planea imponer en primavera, seguramente una vez celebradas las elecciones municipales y autonómicas: el aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria, es decir, el copago farmacéutico de las medicinas dispensadas en los hospitales, así como una ‘tasa hotelera’ a los pacientes que deban ser ingresados en hospitales.

Será el próximo lunes cuando los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, den más detalles de unos presupuestos de los que, de momento, no se conocen detalles sobre las partidas que destinará a la compra de armamento, tan cara al Ministro de Defensa, antiguo directivo de una fábrica de armas de la que el Gobierno es fiel cliente, o el dinero que le regalará a la secta católica, máxime en los actuales momentos, en los que tiene que recuperar su favor tras retirar la ley del aborto.

La realidad demostrará que el Gobierno de Raxoi miente respecto a sus planes económicos y las partidas que asegura crearán empleo. Son meras maniobras electorales para manipular ingenuos, desinformados o fanáticos seguidores de los medios de la caverna.

El paro seguirá siendo insoportable, con una tasa superior al 23%, los empleos serán precarios y los empresarios seguirán bajando los salarios, y por ello, los planes del Ejecutivo de que se reactive el consumo no es sino una quimera. Una vez más, el Gobierno de Raxoi y su partido, el PP, lo que intentan es engañar a los incautos, porque, de nuevo, quienes únicamente se beneficiarán de sus decisiones económicas serán aquellos a los que sirve: la oligarquía empresarial y financiera y la secta católica.