Desahucios, exclusiones, abusos, injusticias: Así gobiernan las Administraciones del PP.

Lo sucedido hoy en la calle Ofelia Nieto, del madrileño barrio de Tetuán, recordaba más a las actuaciones del ejército sionista en Gaza que a lo que pueda suceder en la capital de un país democrático: agentes de la Policía Local, pertrechados como antidisturbios, acompañaron a una excavadora que acabó derribando el edificio del número 29 de esa calle, sobre el que pesaba una orden de desahucio desde hace meses, después de agotar todos los recursos posibles, y que el Tribunal Supremo diese luz verde a una expropiación, que más parece un latrocinio organizado, que la decisión de una administración justa. 

 

Las tres familias que ocupaban esa vivienda no debían ni un euro a ningún banco, ni al Ayuntamiento, ni la Seguridad Social. Pero la administración municipal a cuyo frente está la señora (?) Ana Botella, y un empresario imputado en varios casos de corrupción, Enrique Ortiz, que figura en los sumarios de Gürtel y Brugal, habían puesto los ojos en el solar que ocupaba el edificio. Y con la ayuda de unos jueces que tal vez no calibraron el problema, o si lo calibraron prefirieron cerrar los ojos a la Justicia, se permitió el desahucio de una familia a la que el Ayuntamiento arrebató su vivienda con el pretexto de que necesitaba seis metros para la acera, y por lo que se ofreció a pagar poco menos de cuatrocientos mil euros por el solar en el que Enrique Ortiz construirá viviendas de lujo que le proporcionarán pingües beneficios. La Policía Municipal se presentó casi de madrugada, acompañada de una excavadora, que acabó destruyendo el edificio después de detener a varios activistas, e incluso acusarlos de haberlos rociado con gasolina, cuando lo único que vertieron sobre ellos los vecinos fue agua. 

El derribo del edificio de la calle Ofelia Nieto número 29 es el ejemplo del modo actuar de una administración cuyas decisiones lesionan a los ciudadanos abusando de ellos, imponiendo su voluntad, sin pensar en las consecuencias o en las tragedias humanas que generan, preocupados tan solo por los beneficios que obtienen ellos o sus amigos. 

Durante toda la legislatura de Raxoi el Gobierno se negó a la dación en pago, y a una ley de segunda oportunidad que ahora, cuando se ve con un pie fuera del poder, intenta vender a los ciudadanos, engañándolos, porque nunca tomará medida alguna que pueda perjudicar a la oligarquía. Los desahucios de primeras viviendas se producen a diario y a cientos, dejando en la calle a familias con bebés, a ancianos, a personas discapacitadas. Todo le da igual a una administración que solo piensa en término de beneficios económicos, los suyos o los de los bancos y grandes empresarios, cuyas ganancias acabará revirtiendo en ellos en forma de sobres. 

“Como ya han robado todo lo gordo ahora van a robar a los indefensos”. La frase pertenece a un discapacitado, usuario de un Centro de Día de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, después de que el Consell  decidiera que los usuarios de tales centros tenían que pagar tasas de hasta setecientos euros, con recargo de hasta el 20% si no las abonaban en tiempo y forma, en base a sus ingresos e ignorando sus gastos. Tanto da que la persona a la que cobran tenga una hipoteca o tenga que, con su pensión, mantener a varios hijos en paro. Manu militari, el Consell pidió el número de cuenta de quienes usan esos centros, y sin avisar, viene cargando cifras astronómicas por el uso de unos centros que, de haber decencia en los gobernantes que despilfarraron el dinero público en grandes premios automovilísticos, edificios faraónicos y latrocinios varios, no cobraría ni un céntimo. El asunto es tan escandaloso que hasta el Sindic de Greugues –el Defensor del Pueblo valenciano- ha abierto una investigación de oficio para frenar el abuso.

Y es que las administraciones del PP, ayuntamientos, comunidades o central, no reparan en la gente sino es para explotarla, succionarle la sangre sin el menor miramiento, y sea cual fuere su situación económica, social o de salud. 

Así la Comunidad de Madrid excluyó de su sistema de citas sanitarias a más de 6.000 menores, la mayoría hijos de inmigrantes que, como consecuencia de esa decisión, decenas de niños, de entre tres meses y tres años, fueron privados de atención primaria normalizada por una decisión que SOS racismo calificó de “arbitraria y discriminatoria”. Si los padres de esos niños no pueden sufragar lo que desde el Gobierno pretende que abonen los inmigrantes, contraviniendo todos los tratados internacionales y los Derechos Humanos, a las administraciones les da igual que los niños vivan o mueran porque dejaron de ser células fecundadas, que es lo que para el PP y la secta católica es la única vida que hay que proteger. Lo que buscan es que la gente, aunque no tenga de donde sacar el dinero para pagarlo, abone las facturas que benefician a las sociedades médicas de sus amigos, a las que quieren proporcionar ganancias. 

En el pasado año fallecieron 4.000 mil personas por falta de la medicación que puede curar la hepatitis C que, de no tratarse, acaba en cirrosis y la muerte. El Gobierno español estuvo negando esa medicación durante toda la legislatura y solo ahora, a pocos meses de las elecciones, anuncia que podrán tener acceso a ella una parte de los afectados. Incluso en las redes sociales, trufadas de la presencia de trolls al servicio del Gobierno, trasmitieron, con que los enfermos de hepatitis C habían adquirido la enfermedad por ser drogadictos, homosexuales o promiscuos. Obviando que muchos de los enfermos lo son por contagio a través de sangre infectada que la sanidad pública no controló, dando un mensaje de intolerancia y clasismo.  

Los organismos internacionales alertan del incumplimiento de los Derechos Humanos por parte de las administraciones del PP en diversos aspectos, como el trato inhumano a los inmigrantes, a los que se expulsa sin garantías jurídicas y muchas veces esposados, drogados y maltratados, en vuelos que cuestan mucho más que lo que supondría proporcionarles asilo. 

Con las elecciones a la vuelta de la esquina las diversas administraciones dicen ir a tomar medidas que suavicen sus abusos y carencia de empatía por los más débiles. Mas hechos como los narrados en este artículo ponen en evidencia la catadura de unos políticos que solo quieren el poder para beneficiarse y beneficiar a sus amigos. 

Se dice que ayuntamientos, comunidades o gobierno central son la Administración que, como su nombre indica, tiene como misión redistribuir adecuadamente los bienes públicos. Aunque los políticos que padecemos tan solo administran lo que hay en su propio beneficio. Para los ciudadanos solo hay injusticia, abusos y latrocinios.

Podemos y la histeria del PP

El PP está histérico. Las encuestas publicadas, siempre utilizando esa ‘cocina’ que hace que en la intención de voto se computen los resultados obtenidos en pasadas elecciones, los siguen dando ganadores por la mínima en los próximos comicios generales. Mas cuando se ve la intención directa de voto registran caídas que lo dejan en segundo o tercer lugar. Es muy posible que las de consumo interno den unos resultados aún menos favorables de los que aparecen en algunos medios que consultan directamente a los lectores. Y eso los hace estar histéricos. Como se vio que lo estaba el Mariano Raxoi en el Debate del Estado de la Nación, que perdió claramente según casi todos los medios, excepto los de la caverna, incluso frente a un Pedro Sánchez que no es el colmo de la elocuencia ni un Demóstenes.

Sabe el PP que su contrincante es Podemos. Aunque contrincante sería si se tratase de un partido democrático. Para el PP, que no lo es, Podemos es su enemigo. Su acérrimo enemigo y como tal trata a ese partido y a sus dirigentes, con su habitual matonismo. Que Podemos es el adversario a batir lo dejó claro el Presidente en su discurso del debate del Estado de la Nación, en el que habló más para Podemos y Pablo Iglesias, que para las señorías que estaban en el hemiciclo. Su respuesta descalificando a la de Pablo Iglesias en el Círculo de Bellas Artes, en la cual el líder de Podemos hizo un discurso de hombre de Estado que para sí hubiesen querido los protagonistas del Debate celebrado en el Congreso, fue tan escasamente democrática como es costumbre en unos políticos que ignoran esos usos y a los que espanta perder las elecciones porque con ello perderán la capacidad de enriquecerse , de hacer negocios inconfesables o privatizaciones que beneficien a amigos y parientes.  

Aterrorizados por la posibilidad de verse expulsados del poder por un partido que no actuará con la connivencia del PSOE, al que de todas formas se pasaron dos legislaturas difamando y criminalizando, el PP está dispuesto a utilizar todos los medios, escasamente democráticos, a su alcance. Desde el uso descarado del BOE a los sistemas más zafios o torticeros. El diario El Mundo -que lleva a cabo una campaña de permanente difamación de los dirigentes de Podemos, que le ha obligado, incluso, a tener que rectificar alguna información, como tuvo igualmente que hacer La Razón-, publicaba hace dos días que la dirección del PP pidió a sus organizaciones territoriales que vigilen los movimientos de Podemos en las comunidades autónomas y las provincias, con el objetivo “de controlar la procedencia de sus ingresos y los gastos en que incurrirán en la inminente campaña electoral”. La orden fue transmitida en una reunión mantenida hace pocos días en Génova con los coordinadores electorales autonómicos y provinciales. «Sepamos qué está haciendo Podemos», fue el mandato dado, según fuentes del propio PP.

Y es que a ese partido, enfangado en un lodazal de corrupción, ni le cabe en la cabeza que un partido pueda financiarse de modo legal, ni puede permitir que lo haga. Abocado a una sentencia judicial por uso de dinero negro, y señalado por el juez Ruz como autor de un delito de financiación ilegal y que, según se supo hoy mismo, ordenó a la Agencia Tributaria que calcule la cantidad defraudada en 2008, en relación con las donaciones irregulares de los apuntes del extesorero Bárcenas, se siente acorralado. Porque a pesar de que Hacienda, dirigida por Montoro, informó de que el PP no debía tributar por los pagos irregulares, el juez impuso su criterio y el de la Fiscalía. Y ante esos problemas quiere buscar similares delitos en otras formaciones, para poder acusarles de aquello que ellos hacen, con el problema añadido de que Podemos se financia sin ponerse en manos de los bancos, a los que los dos grandes partidos deben ingentes cantidades de dinero, que les hace rehenes de la voluntad de los banqueros. Y eso también horroriza al PP, servidor incondicional de la banca.

Esa fue la razón por la que, haciendo uso y abuso del BOE, decidió limitar las posibilidades del llamado micromecenazgo, conocido en inglés como crowdfunding, que es un sistema de captación de dinero a través de internet para desarrollar proyectos concretos, y uno de los métodos de financiación de Podemos. Así, en febrero del año pasado el Gobierno limitó el crowdfunding a donaciones máximas de 3.000 euros y a 6.000 euros por año y proyecto. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, la intención del Gobierno era la de “adaptar un campo que carece de regulación a la forma de abordarlo de otros países de nuestro entorno, como Estados Unidos o Reino Unido”. Pero la realidad es que el Gobierno del PP no da nunca puntada sin hilo, ni toma decisión alguna, que no vaya encaminada en su propio beneficio y el de sus amigos.

En febrero de 2014 ya se había fundado Podemos, y ya estaba utilizando el crowdfunding para financiarse. Es posible que en aquellas fechas el PP no tuviese tanto miedo como actualmente a la formación liderada por Pablo Iglesias, aunque no fue baladí el hecho de que, durante toda la campaña de las elecciones europeas, la prensa, obediente con el sistema, intentase que Podemos fuera invisible, aunque tuviera, una vez celebradas las elecciones, que rendirse a la evidencia de que Podemos había llegado para quedarse.

En cualquier caso, la histeria del PP no se manifiesta solo en su campaña de persecución y difamación de Podemos, cualesquiera otros partidos son objeto de las descalificaciones, trampas y torpezas del PP. Si en el debate del Estado de la Nación Raxoi se puso en ridículo al pretender ser él quien da el derecho a estar o hablar en el Congreso, como hizo con Pedro Sánchez, poniendo de manifiesto su talante de dictadorzuelo, hoy, su partido ha vuelto a provocar el estupor de toda la sociedad al acusar a IU y UPyD de “obtención de ilegítimos réditos electorales” por la demanda interpuesta por ambos partidos por el borrado de los ordenadores de Bárcenas, cuyo sumario desapareció de la Audiencia de Madrid. El abogado del PP, Durán Ruiz de Huidobro, que precisamente fue la persona que Bárcenas identificó como el autor material del "robo" de dos ordenadores portátiles después de forzar la puerta de su despacho, intentó presentarse como parte en la demanda, poniendo en duda, además, la validez de los documentos del reconstruido sumario.

Actitudes tan burdas, declaraciones tan zafias como las que viene haciendo el PP en los últimos meses, o decisiones tan antidemocráticas, solo pueden explicarse por la histeria que aqueja al PP ante la muy cierta posibilidad de perder las elecciones y ser desalojado de La Moncloa.